Juez bloquea política de Trump de realizar arrestos en los tribunales de inmigración
Un juez federal en California frenó este martes, con alcance nacional, la política del Gobierno de Donald Trump que permitía arrestos de migrantes dentro y en las inmediaciones de tribunales de inmigración, una práctica que había generado controversia en todo el país.
La medida se produce tras las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que desde el año pasado había comenzado a detener a migrantes en los pasillos de los tribunales, en algunos casos minutos después de que estos comparecieran ante las autoridades migratorias para continuar sus procesos.
Organizaciones de derechos civiles y abogados de inmigración habían advertido que esta práctica estaba transformando los tribunales en espacios de temor, afectando el debido proceso y desincentivando la asistencia de personas a sus audiencias.
El fallo representa un revés para la administración de Trump, que previamente había eliminado una guía que limitaba las detenciones en o cerca de los tribunales, argumentando que dichas restricciones dificultaban la captura de personas consideradas peligrosas.
En una decisión de 71 páginas, el juez P. Casey Pitts cuestionó la política al considerar que el gobierno no ofreció una justificación suficiente para los cambios adoptados y señaló que esta resultaba “arbitraria y caprichosa”.
El magistrado también advirtió sobre el impacto de estas detenciones en la asistencia a los procesos judiciales, al señalar que la política no toma en cuenta el efecto disuasorio sobre los migrantes que deben presentarse ante la corte.
“El tribunal debe ser un refugio para la búsqueda de justicia, no un terreno de caza para ICE. Ningún inmigrante, ya sea que comparezca en San Francisco, Miami, Chicago o Nueva York, debería verse obligado a elegir entre su libertad y la oportunidad de comparecer ante el tribunal”, expresó el abogado Jordan Wells, del Lawyers’ Committee for Civil Rights del Área de la Bahía de San Francisco.
Por su parte, el principal asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, criticó la decisión a través de la red social X, al afirmar que se trata de “activismo judicial descarado al servicio de una agenda antiestadounidense y de fronteras abiertas”.
El caso sigue generando debate en torno a las políticas migratorias y el rol de los tribunales en la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos.