Fausto Miguel Cruz de la Mota, confeso asesino del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Orlando Jorge Mera, fue condenado la noche de este miércoles a la pena máxima del país, que son 30 años de cárcel. También deberá pagar a los familiares de la víctima 50 millones de pesos como compensación.

Luego de que el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenara a 30 años de prisión a Fausto Miguel Cruz de la Mota (Carandai), por el asesinato de Orlando Jorge Mera, el pasado 6 de junio de 2022, la familia del malogrado ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, indicó que la sentencia les permite cerrar una etapa dolorosa de sus vidas.

Santiago. En menos de una semana la región del Cibao ha registrado al menos 11 muertes en su mayoría de forma violenta y al menos tres suicidios.

SANTO DOMINGO.- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, valoró este miércoles la creación de la Fuerza de Tarea para reforzar las acciones que se llevan a cabo para combatir las diferentes modalidades del crimen organizado en todo el país.

Naciones Unidas.- El canciller dominicano, Roberto Álvarez, alertó este miércoles ante la ONU de la “situación insostenible” que vive Haití por la violencia de las bandas armadas y exigió al Consejo de Seguridad respuestas inmediatas.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader reiteró que garantizará la seguridad del pueblo dominicano para que la situación de inestabilidad que persiste en Haití no afecte de forma directa este territorio.

Personalidades de diferentes partidos políticos reiteraron la necesidad de que los candidatos sean depurados para evitar que el narcotráfico se infiltre en la política.

"La solución al sargazo debe ser bastante pragmática, porque ya nos está afectando directamente", manifestó el presidente Luis Abinader, quien, durante un evento sobre los retos y oportunidades de la gestión de estas algas, señaló que su impacto no solo ha alcanzado al turismo o el medio ambiente, sino a la generación de varias plantas termoeléctricas.

Entre marzo y abril la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) puso en marcha la “Operación Calamar” que sentó frente al banquillo de los acusados a 20 personas, entre ellos exministros y un excandidato presidencial, acusados, entre otros delitos, de actos de corrupción administrativa y de financiamiento ilícito de campañas electorales.

Las sentencias de los tribunales han favorecido otorgarles personería jurídica y la ley flexibilizó requisitos.